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Problemas urbanísticos de La Carrascosa

La Justicia obliga a los vecinos de La Moraleja a pagar 17.000€
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La Justicia obliga a los vecinos de La Moraleja a pagar 17.000€

El TSJM desestima el Recurso Contencioso Administrativo impuesto por la Entidad de Conservación de La Moraleja, obligándola a pagar las costas.

Queda resuelto de esta forma, a menos que se presente recurso de casación, un problema que lleva enfrentando al Partido Popular de Alcobendas y a la Entidad de Conservación de La Moraleja durante más de 7 años.

La Carrascosa está situada en el principio de Camino Ancho y colindantes a la manzana escolar localizada en esta zona de referencia. Se divide en dos zonas, la A y la B, ambas de titularidad privada y separadas por la anchura de la calzada. La primera pasó de tener un terreno terciario a uno residencial en el año 2012, cuando el pleno lo decidió sin ningún voto en contra. En cambio, La Carrascosa B tiene una superficie terciaria y es por la que se iniciaron las disputas que siguen vigentes a día de hoy.

Corría el año 2014 cuando el ejecutivo de Alcobendas, dirigido por Ignacio García De Vinuesa, comunicó que iban a comenzar las obras de urbanización y construcción de las parcelas que están situadas en La Carrascosa. La principal preocupación de la Entidad era que solamente había un acceso, por Camino Ancho, por lo que hicieron comprometerse al alcalde para que se diese un impacto mínimo en la urbanización.

Las obras de la primera parte de La Carrascosa es la primera ampliación de La Moraleja en más de 30 años, y ya en enero de 2016 se sabía que iban ser viviendas unifamiliares con un precio comprendido entre los 700.000 y 1.000.000€. Los promotores comenzaron a ofertar las casas antes de que se construyesen.

Todo discurría con normalidad, pero en enero del 2017 saltaron las chispas, cuando el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramón Cubián, informó de la intención de recalificación de los terrenos de la Carrascosa B para que pasasen a ser residenciales y poder construir 725 pisos de 3 alturas.

Los propietarios de estas parcelas son BBVA en un 60%, el grupo Delta en un 30% y la empresa Ibérica De Maderas y Aglomerados en un 10%. Todas pudieron utilizar su parte del terreno para construir oficinas y lofts desde el año 2005, cuando el Ayuntamiento, por aquel entonces encabezado por el PSOE, aprobó el uso de este suelo. El año fue clave, pues la crisis económica influenció directamente en la decisión de no construir. En caso de que la recalificación llegase a buen puerto, las propietarias del terreno tendrían un negocio más rentable si tenemos en cuenta la mejoría del mercado inmobiliario.

La Entidad de Conservación fue clara en este aspecto, no querían recalificación sin una solución para los accesos, pues al poder acceder exclusivamente desde Camino Ancho, los vecinos se verían afectados. El Alcalde fue firme en su respuesta: “No se harán casas sin accesos”.

“No se harán casas sin accesos”

Pero las quejas no quedaron ahí, pues desde la Entidad se consideraba que era menos perjudicial la construcción de oficinas que la de 725 pisos, pues doblaría la población, con todas las consecuencias de flujo de tráfico que esto acarrearía, mientras que si solo viniesen trabajadores desde un nuevo acceso, los vecinos de La Moraleja no se verían afectados.

Este desencuentro entre Ayuntamiento y Entidad se intentó solucionar con una reunión del alcalde con los vecinos del Distrito, pero la polémica no cesó, sino que fue a más.

Ignacio García de Vinuesa dejó que el pueblo hablase. Contrató a la empresa Metroscopia para realizar una encuesta telefónica a 400 vecinos del distrito no vinculante respecto a futuras decisiones del Ayuntamiento. El 71% de los encuestados en la Urbanizaciones afirmó que prefería más viviendas en La Moraleja.

La Entidad puso el grito en el cielo desde el primer momento, considerando que era innecesario preguntar a los vecinos del Soto de La Moraleja, de Arroyo de la Venga, Fuente Hito, del Encinar de los Reyes y de Cuestablanca, pues era un asunto que solo afectaba a los residentes de La Moraleja.

El alcalde de Alcobendas informó en este medio de que la alternativa a los accesos se iba a resolver, ya que el Ministerio de Fomento le había confirmado que "la M-12 va a dejar de ser una carretera de pago" y por ende, va a ser en un futuro totalmente gratuita. "De esta forma, se abre una puerta de acceso a la Carrascosa".

"la M-12 va a dejar de ser una carretera de pago"

Desde La Moraleja, en cambio, solo llegaban quejas, pues las calles estaban sufriendo desperfectos debido al tráfico constante de camiones que se dirigían a las obras, viéndose especialmente afectados el Camino Viejo y el Camino Alto.

El Consistorio trató de solucionar el problema habilitando un camino especial por un itinerario de arena al que se accedía por el paseo Conde de los Gaitanes, pero no todos los camiones podían circular por la nueva ruta. La Entidad pidió al Ayuntamiento que sufragase los desperfectos ocasionados, ya que no veía coherente que tuviesen que pagar los vecinos de La Moraleja.

Cuando no se llega a un acuerdo con un problema de este calibre, se suele recurrir a la justicia. Eso es lo que hizo la Entidad de Conservación de La Moraleja, que a finales del 2017 presentó un recurso contencioso administrativo contra el plan especial de la Carrascosa B, aprobado en octubre de ese mismo año, para dar luz verde a recalificar. Consideraba que no se puede realizar una recalificación del suelo a través de un Plan Especial, sino a través de un Plan General de Ordenación Urbana.

La Justicia le dio la razón a la Entidad de Conservación, anulando provisionalmente la licencia de 80 adosados en Camino Ancho 2, viviendas que ya se estaban construyendo en la parcela A-1 del ámbito de La Carrascosa.

El Alcalde, Ignacio García de Vinuesa, respondió ante la sentencia enviando una carta abierta a todos los vecinos. En ella manifestó su oposición a la construcción de oficinas y, además explicó que el acuerdo para La Carrascosa A se aprobó en Pleno del año 2012 sin ningún voto en contra y que el gobierno inició el mismo proceso de cambio para La Carrascosa B tras comprobar un apoyo mayoritario por parte de los vecinos al realizar una encuesta.

No veía el sentido que 5 años después de aprobar el cambio de uso de La Carrascosa A y más de un año de concesión de licencias de obra, estando ya muy avanzado y habiendo casas ya vendidas, la Entidad presentase una demanda contra el Ayuntamiento.

La Entidad de La Moraleja seguía con su guerra particular, no contenta con haber recurrido las licencias de obra en la fase uno de La Carrascosa A, cuya propietaria es la Sociedad Universal de Negocios e Inversiones S.A. y en la fase dos, en la que Pryconsa estaba realizando las obras, decidió recurrir también la licencia de la fase tres, cuyo titular es la sociedad Inmoglaciar.

La Justicia le seguía dando la razón a la Entidad, contradiciendo las formas con las que el Ayuntamiento de Alcobendas recalificó los suelos de “La Nueva Moraleja”. Ese mismo año el TSJ rechazó el recurso de apelación del Ayuntamiento y Pryconsa, pero el órgano público se quedó con la parte positiva del escrito. Las dos anteriores sentencias no valoraban el Plan Especial como herramienta posible para hacer una recalificación del suelo de esas dimensiones, pero la del Tribunal Superior de Justicia sí, solo que afirmaba que el Plan Especial no estaba motivado.

El Ayuntamiento decidió tramitar otro Plan Especial

Y, estando en ese punto, cambió el ejecutivo. La coalición PSOE-Ciudadanos se hizo con el poder en el Ayuntamiento de Alcobendas, prometiendo recomponer las relaciones con la Entidad de La Moraleja. Podría parecer que los conflictos iban a acabar aquí, pero nada más lejos de la realidad.

El nuevo gobierno, conscientes de que se enfrentaban a una indemnización de 50 millones a las empresas constructoras, decidió buscar dar luz verde al nuevo Plan Especial de La Carrascosa A. Los vecinos que habían adquirido viviendas seguían con la incertidumbre sobre lo que iba a pasar con sus casas.

Finalmente, el Ayuntamiento consiguió aprobar el nuevo Plan Especial para desbloquear la judicialización del proyecto, otorgando 105 licencias VPO a las nuevas viviendas de La Carrascosa.

En febrero del 2020 los vecinos que habían adquirido viviendas en La Carrascosa pudieron volver a habilitar sus casas.

Los vecinos que habían adquirido viviendas en La Carrascosa pudieron volver a habitar sus casas.

Cuando todo parecía haber vuelto a la normalidad, los vecinos de La Moraleja tienen que ver cómo se ven obligados a pagar 17.000€ porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el Recurso Contencioso Administrativo que interpuso la Entidad de Conservación, obligando a pagar las costas del juicio.

Al final una disputa que ya se teñía con tintes personales ha acabado desembocando en menos dinero en el bolsillo de los vecinos de La Moraleja.

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