En el mes de marzo hemos visto como los juzgados han vuelto dar la razón a la Entidad de Conservación de la Moraleja en su denuncia contra al Ayuntamiento de Alcobendas por conceder licencias en la Carrascosa, aún sin haber un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Es la segunda sentencia que pierde el Ayuntamiento y seguramente vendrá una tercera....
El tema es grave por las graves consecuencias que puede acarrear.
En primer lugar, la inseguridad jurídica provocada por el Ayuntamiento afectará la imagen de la ciudad para futuras inversiones.
Y, en segundo lugar, en el caso de prosperar esas demandas, el Ayuntamiento se puede enfrentar a multas millonarias (se habla de 200 millones de euros).
¿Y quién paga todo esto? Pues los de siempre. Por un lado, los compradores temen que se paralice las obras, y por otro, los ciudadanos de Alcobendas perderían gran parte de la calidad de vida de esta ciudad por culpa de un gobierno irresponsable.Así que el Ayuntamiento debe de sentarse y llegar a un acuerdo con la Entidad de la Moraleja y con los promotores. El equipo de gobierno tiene que entender que todos los interlocutores están a la misma altura.
Independientemente de estas demandas, lo primero que hay que solventar es el problema de la movilidad antes de que la zona se sature todavía más.
En definitiva, no podemos consentir que Alcobendas se asocie con inseguridad jurídica. El Ayuntamiento tiene la obligación de solucionar el asunto.
Opinión de Horacio Rico/Portavoz de Ciudadanos de Alcobendas/Tribuna de La Moraleja/Mayo de 2018
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