Que saliera a la luz la desaparición de casi 4.544 personas del censo de San Sebastián de los Reyes en los últimos cuatro años (1.865 en los últimos doce meses), coincidiendo con el gobierno de coalición PSOE-Cs, ha levantado una polvareda, según señala el diario La Razón. Por lo que el gobierno municipal ha emitido un comunicado confirmando “que tras conocer, investigar y recabar las pruebas fehacientes de todo lo ocurrido, los dos responsables del departamento han sido apartados de sus funciones y suspendidos cautelarmente seis meses de empleo y sueldo”.
Y no solo eso, el actual equipo de Gobierno considera que estamos ante uno de los episodios más graves ocurridos en la etapa democrática en nuestro Ayuntamiento, al haber privado de derechos fundamentales a miles de vecinos, entre ellos el de derecho al voto, expulsándoles del padrón municipal sin su conocimiento.
Además, la alcaldesa de Sanse, la popular Lucía Fernández, ha tachado lo ocurrido como “uno de los episodios más graves ocurridos en la etapa democrática en nuestro ayuntamiento al haber privado de derechos fundamentales a miles de vecinos, entre ellos el derecho al voto”. De momento, en el Ayuntamiento ya se están tramitando las altas en el padrón de los afectados que ya lo han solicitado, y está estudiando la posibilidad cierta de emprender todas aquellas acciones legales en defensa de los intereses municipales. Incluida, en su caso, la posibilidad de denuncia ante el Ministerio Fiscal.
A sus declaraciones siguió toda una cascada de reacciones de miembros del PP, entre ellos el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. «Es un hecho objetivo que más de 4.000 personas han desaparecido del padrón municipal de San Sebastián de los Reyes en los últimos años y estamos hablando de delitos muy graves si se demuestra el alcance de los mismos. Desde el PP de Madrid, todo nuestro apoyo a la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández, que ha denunciado estos hechos y que, desde luego, supondrían conculcar algo tan básico como el derecho al voto de miles de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho en las pasadas elecciones», manifestó.
En la misma línea y según el diario La Razón, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, también aseguró que «si la noticia publicada sobre lo sucedido en San Sebastián de los Reyes es cierta, estaremos ante un nuevo escándalo de un alcalde socialista en la región», dijo. «Estaríamos ante una merma de los derechos de los vecinos que debe ser investigada», dijo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, el secretario general de los socialistas, Juan Lobato, eludió pronunciarse sobre el tema en cuestión argumentando desconocimiento sobre el mismo, al igual que el portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Mientras que Mónica García, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, instó a que se investigue todo lo que se tenga que investigar.
Por otro lado, los dos funcionarios suspendidos de empleo y sueldo emitieron un comunicado defendiéndose de las acusaciones en el que exponen que “es absolutamente falso que por nuestra intervención se haya borrado del censo electoral a 4.544 residentes del municipio sin conocimiento de los afectados”. Sin embargo, según el comunicado del actual gobierno municipal, “este proceder se llevó a cabo a sabiendas de lo que se estaba haciendo ya que, tras las elecciones municipales del 4 de mayo de 2021, un funcionario habilitado nacional avisó a los responsables de esta acción de que no se estaba llevando el proceso de baja de vecinos en el padrón de la manera reglamentaria, y que debían de proceder únicamente tal y como establece la Ley”.
Y por último y siempre según el diario madrileño, los dos funcionarios suspendidos de empleo y sueldo niegan que lo ocurrido sea motivo de “alarma social porque no ha existido reclamación alguna al respecto, por lo que consideramos que la decisión adoptada es arbitraria y absolutamente injusta. Las bajas se han dado donde los empadronamientos eran irregulares y todas tienen como base la existencia de una irregularidad, comprobada en el oportuno expediente, siendo imposible saber cuál es la tendencia ideológica de los afectados, por lo que nos están imputando actuaciones irregulares de forma gratuita y tendenciosa.”