La nueva hipoteca que el Gobierno central está dispuesto a pagar en forma de un concierto fiscal propio a Cataluña, similar al que actualmente disfrutan el País Vasco y Navarra, supone un grave ataque a la cohesión y la equidad del sistema territorial español. El concierto vasco y el convenio navarro son excepciones históricas reconocidas en la Constitución, pero extender este modelo a otras comunidades, y especialmente a una con el peso económico y poblacional de Cataluña, desestabilizaría el principio de solidaridad entre territorios también recogido en el espíritu constitucional.
“El actual sistema de financiación autonómica, con todos sus defectos, tiene como uno de sus pilares fundamentales la redistribución de recursos. Comunidades más ricas, como Madrid, Cataluña, Baleares o Valencia, contribuyen en mayor medida para asegurar servicios públicos dignos en regiones con menos capacidad fiscal. Si Cataluña gestionara la totalidad de sus impuestos y aportara solo una cantidad pactada al Estado, chantaje para mantener el gobierno, como ocurre en el concierto vasco, dejaría de contribuir de forma justa al conjunto del país. Esto generaría un agravio comparativo, ya que otras comunidades seguirían financiando al Estado común mientras Cataluña se reservaría una parte desproporcionada de la riqueza que genera.
Además, la aprobación de un concierto a medida para Cataluña abriría la puerta a reclamaciones similares por parte de otras comunidades. La igualdad de los ciudadanos ante la ley y el principio de unidad del sistema tributario quedarían gravemente comprometidos. Se estaría instaurando un modelo asimétrico no justificado por razones históricas ni jurídicas, sino por pactos políticos de corto plazo.
Los ciudadanos del resto de España se verían perjudicados: la calidad de servicios como la sanidad, la educación o la dependencia podría verse resentida al disponer de menos recursos compartidos. A su vez, se generaría una peligrosa dinámica de insolidaridad entre regiones, rompiendo con décadas de esfuerzos por mantener un modelo que garantice igualdad de oportunidades vivas donde se viva.
Esta medida responde a necesidades de supervivencia del gobierno, no a una reflexión seria sobre el modelo de financiación autonómica. Un tema de tanta trascendencia no puede decidirse como parte de una negociación política con un partido independentista. La estabilidad del Estado y la justicia territorial merecen un debate riguroso y transparente, no cesiones injustificables.
España necesita mejorar su modelo de financiación, sí, pero siempre desde la igualdad, la equidad y el interés común. Un concierto fiscal para Cataluña no es una solución: es una fractura anunciada.
El presidente Sánchez está infringiendo un enorme daño a las estructuras básicas de nuestro Estado. Ni uno solo de los pilares que nos sostienen tienen lejos la dinamita que puede demolerlos.
Loa españoles tienen que hablar.
¡Elecciones ya!”
Si (
No(
