El canon municipal nunca había sido reclamado porque se consideraba que el pago se materializaba gracias al valor social que la entidad devolvía al municipio, dando empleo, formación y futuro a las personas con discapacidad intelectual de la zona como consta en numerosos escritos. Esto cambió cuando el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, instó la redacción de un informe a los servicios municipales de Patrimonio reclamando el pago inmediato del canon.
Debido, posiblemente, a un lapsus humano, no se llegó a formalizar ese acuerdo, pero en 2012 el Ayuntamiento trató de zanjar definitivamente el asunto a través de un convenio compensatorio, del que se conversan borradores. Quedó patente la voluntad del ente público de considerar el pago del canon mediante la labor social de APADIS.
La entidad solo quiere hacer valer el acuerdo preexistente, ya que abonar esa cantidad supondría la quiebra, dejando de lado a 700 personas con discapacidad intelectual y a sus familias.
Pero para entender la situación hay que remontarse al año 1996, cuando el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con APADIS para cederle el uso de una parcela por un tiempo de 75 años, siempre y cuando se buscase la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual. La entidad social decidió ofrecer el terreno a una empresa de carburantes para instalar una Estación de Servicio, con la condición de contratar a personas con dicha discapacidad.
Gracias a las tres partes y al gran apoyo del municipio nació “Surtidor de Oportunidades”, proyecto que ha recibido importantes premios como el “Premio CEPSA al valor social”, “Premio Fundación MAPFRE Superando Barreras” o “Premio Fundación Sermes al Puesto de Trabajo Mejor Adaptado”. El último, otorgado en el 2013, lo recogió el propio alcalde.
La cuestión es ¿por qué se le exige el canon ahora, sabiendo que lo están pagando con un gran valor social y existiendo una buena relación histórica entre entidad y ayuntamiento?
La respuesta es sencilla, en marzo de 2020, en pleno auge de la pandemia, APADIS conversa con el ayuntamiento para el acceso de ayudas específicas que el consistorio valoraba en 6 millones de euros, ya que la COVID-19 es una enfermedad que afecta especialmente a las personas vulnerables. El Ayuntamiento se acogió a una subvención del 2019 para techar pistas deportivas como argumento para no ofrecer ninguna ayuda más para paliar los daños causados por la pandemia.
Ante lo absurdo de esto y sin encontrar resquicio alguno al diálogo con alcalde, vicealcalde y otros concejales, APADIS decide publicar una carta abierta, junto a una campaña de Change.org, donde se instaba al ayuntamiento a no dejar a nadie olvidado y apoyar a asociaciones de este tipo.
Menos de dos meses, casualmente, tardó en llegar el famoso burofax. Durante todo un año han estado intentando contactar con alcalde, vicealcalde y concejales, recibiendo el silencio como única respuesta.
El director general de APADIS recuerda que “a esta comunicación, hecha como siempre, con mucho respeto pero con firmeza en medio de una dramática situación, como antes no habíamos vivido, apelando a la solidaridad, se nos respondió con ataques en redes sociales desde cuentas cercanas al vicealcalde: acusaciones de comportamiento insolidario, críticas a las actuaciones de APADIS... No sirvieron nuestras múltiples apelaciones al diálogo, ni tampoco la interlocución de CERMI, Plena Inclusión Madrid o nuestra entidad amiga Fundación Gil Gayarre, también presente en Sanse. Desde entonces las comunicaciones con el gobierno municipal, especialmente con lo vinculado al vicealcalde, han quedado cortadas de raíz. A día de hoy seguimos sin poder retomar el camino de cooperación y diálogo que este ayuntamiento, durante 40 años, siempre ha seguido con nosotros”.
No olvidemos que APADIS es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad público que lleva cuarenta años trabajando para ayudar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias en San Sebastián de los Reyes.
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