ocupacion ilegal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado un protocolo con colegios de abogados y procuradores para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de ocupación ilegal de viviendas. Este acuerdo incluye representación legal en tribunales y atención psicológica a través de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito. Ayuso ha enfatizado la necesidad de modificar leyes que dificultan la expulsión inmediata de ocupas y ha destacado el impacto negativo en la convivencia y los barrios. Desde junio de 2022, el servicio 112 Ocupación ha gestionado más de 4,000 llamadas relacionadas con este delito.

En el operativo han participado agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), de la Unidad de Seguridad Ciudadana, de Extranjería, de la Policía Local de Alcobendas y el equipo de vigilancia aérea, que ha contado con drones y un helicóptero. Además, ha intervenido servicios sociales y Protección Civil, entre otros.

La ocupación de un edificio en la calle Francisco Largo Caballero ha generado protestas por suciedad e inseguridad en el municipio. La situación se intensificó cuando Iberdrola cortó el suministro eléctrico debido a un consumo inusual, posiblemente relacionado con el cultivo ilegal en los pisos ocupados. La policía ha intervenido y se espera una presencia mayor en la zona con más de 40 furgones de la Policía Nacional. Los pisos llevan años siendo ocupados ilegalmente, desde 2009.