La aerolínea Plus Ultra está bajo investigación por posibles delitos de fraude y corrupción relacionados con un rescate de 53 millones de euros del SEPI. Recientes registros y detenciones, incluyendo a exfuncionarios, sugieren irregularidades en contrataciones públicas y el uso indebido de fondos públicos durante la pandemia.
La aerolínea Plus Ultra ha vuelto a ser objeto de interés tanto judicial como mediático, después de que la Policía Nacional realizara una operación de registro en su sede ubicada en la Avenida de Europa 22, en Alcobendas, Madrid. Esta intervención se inscribe dentro de una investigación minuciosa que explora posibles delitos de fraude y corrupción relacionados con el polémico rescate de 53 millones de euros proporcionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un asunto que ha generado múltiples preguntas desde su inicio.
Un día después de la detención de Leire Díez, exmilitante del PSOE, y de Vicente Fernández, quien fue presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), se produce el registro de la aerolínea. Estos arrestos están relacionados con supuestas irregularidades en varias contrataciones públicas, lo que amplía el alcance de la corrupción que intenta esclarecer la Audiencia Nacional junto a la Fiscalía Anticorrupción.
Además, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo registros en empresas asociadas a una mercantil que, según se afirma, pertenece a un exsecretario de organización de un partido político. Esto resalta la complejidad y las diversas ramificaciones del caso, que involucra el uso indebido de fondos públicos.
La entrada de los agentes en las oficinas de la compañía aérea tiene como objetivo obtener nuevas pruebas que aclaren la supuesta mala utilización de fondos públicos. Este registro incrementa la tensión en un proceso judicial que ya ha experimentado avances significativos. La operación policial se lleva a cabo poco después de importantes detenciones que sugieren la existencia de una red más amplia de posibles irregularidades en contrataciones con entidades estatales. Lejos de cerrarse, el expediente de Plus Ultra parece estar entrando en una fase más profunda de examen, donde cada documento y testimonio adquiere una importancia crucial para la instrucción judicial.
Un rescate con polémica
El apoyo financiero de 53 millones de euros a Plus Ultra, otorgado por la SEPI en un periodo crítico durante la pandemia, suscitó un amplio debate público. Uno de los principales puntos de controversia fue la justificación de clasificar a esta aerolínea como «estratégica» para la economía española, a pesar de su baja cuota de mercado. Después de examinar los pormenores de la concesión, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, centrando su investigación en la posibilidad de que los fondos públicos provenientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) no se hubieran utilizado para los fines anunciados, sino que pudieran haber sido dirigidos hacia operaciones financieras cuestionables.
Se ha planteado la sospecha de que parte de este capital podría haber sido destinado a liquidar deudas con entidades relacionadas con la presunta cleptocracia venezolana, que ya está bajo investigación por blanqueo de capitales en otras jurisdicciones europeas.
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