El pasado día trece de enero fueron citados por el Juzgado número dos de Alcobendas los cuatro últimos presidentes de
los diferentes Consejos de Administración del Club de Golf La Moraleja. Acudieron a declarar Enrique Quintanar, Fernando Lillo, Gumersindo Santamaría y el actual Ricardo Pradas.
La denuncia promovida por un grupo de socios avalados por la firma de casi un centenar, y presentada en el Juzgado, han motivado estas circunstancias. Todo hace indicar la negligencia en la gestión de los últimos consejos. Los primeros por el derroche económico de las arcas del club; los segundos, por confirmar las cuentas presentadas por los anteriores.
Sea lo que fuere, todos han comparecido ante la magistrada titular del Juzgado número dos de Alconedas, que ha visto en la denuncia un posible indicio de delito penal. Según ha podido saber La Tribuna, las líneas de defensa presentadas por los ex presidentes de la sociedad fueron bastante parecidas, excepto la presentada por el actual líder del Consejo, Ricardo Pradas, que fue de forma independiente a sus antecesores. Las informaciones a las que ha tenido acceso este periódico abren dos posibles vertientes de cara al futuro. Un posible supuesto es que se inicie un enfrentamiento entre Pradas y el resto de presidentes por las decalaraciones realizadas.
El otro supuesto es que todo sea parte de una estrategia conjunta, pues no sería entendible que Pradas haya defendido las cuentas anteriores a su gestión como lo ha hecho y ahora niegue la mayor argumentando desconocimiento.
A la salida del juzgado, ninguno ha querido hacer declaraciones. Únicamente se ha manifestado el abogado de la parte demandante, quien comentó:
“Solo ha podido declarar el Sr. Pradas -nos comentan-. No hubo tiempo para que declarasen los demás. Dos horas y media en las que la señora magistrada tomó solo declaración al actual presidente. Por lo tanto, esto es lo que podemos decir hasta que declaren el resto. Quiero dejar muy claro que los demandantes no tienen ninguna intención de ocupar puesto alguno en la gestión y administración del club de golf, que es lo que están intentando argumentar los demandados”.
