Desde el Ayuntamiento se defendió que esta medida obedecía a que el aumento de partidos con representación puede podría provocar que otro tipo de asociaciones se quedasen sin su espacio. Pero el Partido Popular de Sanse llevó esta medida a los tribunales, considerando que era una vulneración a los derechos de asociación política.
A principios de octubre se conoció la sentencia, en la que el juez se pronuncia indicando que “la denegación de la solicitud a un partido político de una caseta en el recinto ferial, permitiendo su instalación a otras asociaciones no ligadas a partidos políticos es radicalmente nula”.
Tras conocer la resolución, el gobierno municipal tenía 30 días para recurrir la sentencia, pero se han decantado por no acogerse a este recurso. Por lo que transcurrido el plazo, la sentencia se hace firme, lo que obliga al Ayuntamiento a pagar las costas del proceso judicial y a eliminar los acuerdos al respecto.
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