Como muchos saben, el anterior gobierno socialista del Ayuntamiento de Alcobendas firmó un convenio con los propietarios de los terrenos situados al final del Camino Ancho de La Moraleja (La Carrascosa) para construir 120.000 m2 de terciario, compatibles con la edificación de 860 lofts de 60 m2 cada uno y 78.000 m2 de oficinas. El Ayuntamiento de Alcobendas recibía a cambio, por la firma de los referidos convenios, 31 millones de euros.....
l actual gobierno municipal del Partido Popular, que siempre manifestó su oposición a la transformación de La Moraleja en zona de oficinas, entabló negociaciones con los propietarios para cambiar la edificabilidad de oficinas en viviendas, buscando evitar el impacto base que sobre una zona residencial produce la presencia de oficinas. El acuerdo fue posible para La Carrascosa A o Carrascosa Norte y se aprobó en Pleno del año 2012 sin ningún voto en contra. Y el gobierno inició el mismo proceso de cambio de terciario a residencial en La Carrascosa B, tras confirmar mediante una encuesta realizada a todos los vecinos del Dstrito Urbanizaciones el apoyo mayoritario del distrito al cambio de uso promovido por el gobierno popular.
Transcurridos cinco años desde aquel cambio de uso en La Carrascosa A -y más de un año desde la concesión de licencias de obra-, la Entidad de Conservación de La Moraleja presentó una demanda contra el Ayuntamiento, cuando las obras estaban muy avanzadas y muchas casas ya vendidas. El Tribunal, aceptando la demanda de la Entidad, ha señalado que el Ayuntamiento debería haber cambiado el uso de los terrenos a través de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y no a través de un Plan Especial, instrumento utilizado con mucha frecuencia y a la que, como señalan, nadie objetó nada hace cinco años.
El Ayuntamiento ha presentado un recurso al fallo, de manera que con ello las obras pueden continuar hasta que la sentencia sea firme, y además ha iniciado el expediente de reforma del PGOU para cumplir lo que el Tribunal entiende ahora es el instrumento adecuado.
Es evidente que esta sentencia, aun no siendo firme, acarrea efectos negativos, como la alarma de los propietarios que con buena fe han comprado sus casas, y, cómo no, dudas entre los vecinos sobre lo que pueda haber ocurrido para que la Entidad demande al Ayuntamiento.
El Ayuntamiento tiene la obligación de velar por los intereses de todos sus vecinos y, en el caso de La Moraleja, esa obligación incluye preservar la urbanización como zona residencial y no de oficinas y lofts. El gobierno adopta sus decisiones preservando el entorno y la naturaleza de nuestras urbanizaciones a largo plazo. La Entidad sostiene que si esos terrenos fueran terciarios no se construirían. Esa conjetura no puede formar parte de las decisiones del gobierno. Tenemos la obligación de gobernar pensando en lo mejor para hoy y para el futuro del distrito. ¿De verdad alguien cree que no tendrían demanda lofts y oficinas enclavadas en La Moraleja?
Carta de Ignacio García de Vinuesa/Alcalde de Alcobendas a La Tribuna de La Moraleja/Febrero de 2018
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