Las revueltas en Londres parecen haber entrado, a partir de hoy, en una fase más política que puede tener consecuencias a largo plazo más duras que la rotura de cristales. El primer ministro, David Cameron, ha convocado una reunión de urgencia del Parlamento a la que, según publican algunos medios británicos, no va a llegar con las manos vacías.
Una de las propuestas que está estudiando el Gobierno es cómo incrementar las penas para los vándalos que participaron en los disturbios para que los ciudadanos vuelvan a confiar en el sistema. Cameron le ha pedido a su ministro de Justicia que estudie todas las vías posibles y podría presentar la reforma ante los miembros del Parlamento para consensuarla. Downing Street teme que, de no hacer algo así, la gente siga pensando que estas acciones siempre quedan impunes. Pero la medida que más polémica podría suponer es la de dotar a los ayuntamientos del poder suficiente para retirarle los beneficios sociales a todos aquellos que sean encontrados culpables de estos delitos.
Según publica The Telegraph, el Gobierno británico ya estaría prepando un borrador para llevarlo a efecto lo antes y posible y algunos distritos londinenses, como Greenwich, Hammersmith o Fulham, y hasta otro en Manchester (Saldford) anunciaron ayer que están de acuerdo con la medida y que podrían implantarla en cuanto les sea permitido.
