La larga batalla que mantienen los abogados del turno de oficio de Madrid con el Gobierno de Esperanza Aguirre por el impago de sus honorarios se ha endurecido en agosto. Y ya está socavando la lucha contra la violencia de género al impedir que algunos juzgados puedan adoptar medidas de alejamiento contra agresores ante la negativa del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares a nombrar abogados de oficio para los denunciados. La alarma se ha desatado en los juzgados de violencia machista de cuatro grandes poblaciones del cinturón de Madrid como Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey y Coslada, que desde el pasado lunes se han visto forzados a bloquear o ralentizar la tramitación de causas de este tipo.
La situación ha llegado al extremo de que el Juzgado de Violencia de Torrejón de Ardoz (más de 100.0000 habitantes) remitió el miércoles un oficio muy duro al Colegio de Alcalá pidiéndole explicaciones de por qué está obviando sus peticiones para que designe abogados de oficio a hombres denunciados por sus esposas, según explican fuentes de la fiscalía de esa zona.
En estos cuatro juzgados —que solo en lo que va de año han recibido del orden de 1.600 denuncias de mujeres maltratadas y han dictado algún tipo de medida cautelar en un 70% de los casos— empieza a cundir la indignación: “No se puede imponer una orden de alejamiento sin interrogar antes al denunciado, y no podemos interrogar al denunciado si no viene asistido de abogado”, describen las citadas fuentes, que zajan: “Y la práctica indica que al 90% de los denunciados hay que ponerles abogado de oficio porque son personas sin recursos”.
La guerra entre los abogados del turno de oficio de toda la región, incluida la capital, y la Consejería de Justicia del Gobierno de Aguirre no es nueva. Se desató en mayo pasado, cuando representantes de los dos colegios existentes en la región, el de Madrid y el de Alcalá, acordaron que sólo asignarían abogados a las causas graves y urgentes; es decir, a las de violencia de género y a aquellas otras en la que hay detenidos. El motivo de las protestas es que la Consejería les adeuda las asistencias prestadas desde enero de este año, dos trimestres. Los abogados sostienen que la deuda ronda los 20 millones, mientras que Justicia la rebaja a unos diez.
