El Partido Popular de Alcobendas presentará en el próximo pleno municipal una iniciativa para mostrar su rechazo a la política migratoria del Gobierno de España, tras la aprobación del Real Decreto 316/2026 que contempla la regularización de personas extranjeras en situación irregular.
La propuesta, registrada como acto declarativo, critica lo que el grupo popular considera una medida “improvisada, sin control y sin recursos suficientes”, impulsada por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.
Desde el PP local advierten de que la aplicación del decreto podría generar un fuerte impacto en los municipios, especialmente en áreas como los servicios sociales, la vivienda y la atención a familias vulnerables.
La alcaldesa de Alcobendas y presidenta del partido en la ciudad, Rocío García Alcántara, ha trasladado su preocupación al delegado del Gobierno en Madrid mediante una carta en la que alerta de un posible “caos organizativo” si no se adoptan medidas extraordinarias. Según el grupo municipal, la iniciativa estatal carece de una memoria económica suficiente y no ha sido consensuada con las administraciones locales, que serán, a su juicio, las principales encargadas de gestionar sus consecuencias.
En este sentido, la portavoz popular, Marta Martín, ha señalado que el municipio ya soporta una elevada presión en sus recursos públicos, lo que podría agravarse con la llegada de nuevos usuarios al sistema. Datos municipales reflejan que durante el año 2025 los servicios sociales atendieron a cerca de 8.000 personas, con más de 4.100 expedientes activos en tramitación. A ello se suma la situación del acceso a la vivienda, donde las promociones públicas recientes han registrado miles de solicitudes frente a una oferta limitada, lo que evidencia la alta demanda existente en el municipio.
El PP sostiene que el decreto incrementará esta presión sin aportar financiación adicional ni mecanismos claros de gestión, trasladando la carga a los ayuntamientos. Asimismo, critican que la medida no incluye criterios suficientemente definidos ni garantías homogéneas de control en el proceso de regularización.
Otro de los aspectos señalados es la falta de coordinación con comunidades autónomas, responsables de servicios esenciales como la sanidad o la educación. Para el grupo popular, esta situación vulnera el principio de lealtad institucional y dificulta la planificación de recursos a nivel local.
La iniciativa que se debatirá en el pleno recoge varias propuestas, entre ellas el rechazo formal a la política migratoria del Gobierno en los términos planteados. También solicita la retirada del Real Decreto y la puesta en marcha de procesos individualizados que cuenten con respaldo económico suficiente.
El texto incluye además la petición de que cualquier medida en materia migratoria vaya acompañada de planificación previa y coordinación entre administraciones. El acuerdo, en caso de aprobarse, será trasladado al Gobierno de España, a los grupos parlamentarios y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Y es que desde el PP de Alcobendas insisten en la necesidad de una política migratoria “ordenada, legal y vinculada al empleo”, basada en la capacidad real de los servicios públicos.
El debate sobre la gestión de la inmigración vuelve así al ámbito municipal, donde los ayuntamientos reclaman mayor participación en decisiones que afectan directamente a sus competencias.
La propuesta será discutida en la próxima sesión plenaria, en la que previsiblemente generará un intenso intercambio de posiciones entre los distintos grupos políticos con representación en el consistorio. “Lo que no puede hacer el Gobierno es aprobar medidas de gran impacto sin contar con quienes tenemos que aplicarlas en el día a día”, ha señalado Rocío García, quien ha insistido en la necesidad de dotar de recursos a las administraciones locales. Por su parte, Marta Martín ha advertido de que “los servicios sociales municipales están trabajando al límite y cualquier incremento de la demanda debe venir acompañado de financiación y planificación real”.
Desde el grupo popular subrayan que “no se trata de un debate ideológico, sino de gestión y capacidad de respuesta de los servicios públicos”. Asimismo, han defendido que una política migratoria eficaz debe basarse en “criterios claros, seguridad jurídica y coordinación entre todas las administraciones implicadas”. Finalmente, el PP de Alcobendas ha reiterado su disposición al diálogo institucional, aunque reclama al Ejecutivo central que “escuche a los ayuntamientos antes de adoptar decisiones de esta magnitud”.
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