La última macroencuesta de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad muestra que el 42,1% de las mujeres de 65 años o más ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida.
Dos grandes inconvenientes son que suelen ocultar la violencia vivida y que no suelen tener una alternativa habitacional lejos del agresor. Las residencias, junto a la Administración, tienen un papel fundamental, ya que pueden actuar de cortafuegos.
Cristina Cantero, Directora de Relaciones Institucionales de ORPEA Ibérica, señala que “las mujeres mayores sufren una doble discriminación. A la propia violencia machista se le añade el edadismo, la discriminación en base a su edad, por la cual la sociedad aún mantiene estereotipos negativos hacia las personas mayores, los cuales imponen barreras a estas mujeres para denunciar el maltrato y a las instituciones para detectarlo. La falta de una alternativa habitacional lejos del agresor es otro de los principales escollos que tienen las mayores. Las residencias de mayores pueden jugar un papel importante en la lucha contra el maltrato”.
Desde la organización se llama a una mayor concienciación sobre los casos de violencia de género en mayores, ya que, según el CIS, recurren en menor medida a servicios de ayuda psicológica, social o legal.
Desde ORPEA señalan que los profesionales que atiendan a estas mujeres deben tener una formación específica para poder detectar y prevenir este tipo de situaciones de maltrato.
La violencia va más allá de la física, que es la más fácil de detectar: La violencia sexual, en la que el agresor obliga a tener relaciones sexuales no consentidas; la violencia psicológica o emocional, en la que se menosprecia la dignidad y se coarta la libertad; la violencia económica en la que se controla y limitan los recursos.
La soledad no deseada y las situaciones de dependencia o discapacidad agravan la situación. Con la edad, aumenta la vulnerabilidad de las mujeres.
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