Dicho recurso, que fue admitido a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado 9 de abril, había sido interpuesto en base a que el ejecutivo local considera que el plan autonómico presenta condiciones y barreras de entrada que impiden que las rentas más bajas puedan disfrutar del acceso a la vivienda en unas construcciones realizadas sobre suelo público.
En particular, el gobierno local critica que el Plan Vive, que tiene previsto la construcción de viviendas en San Sebastián de los Reyes, consiste en la concesión de suelo público a empresas privadas dedicadas al proceso completo de construcción y gestión de viviendas en régimen de alquiler, lo que excluiría todo tipo de control por parte de la Administración, así como el establecimiento de baremos de los candidatos en base a criterios sociales, la ausencia de colaboración alguna con los Ayuntamientos y de la participación por parte de las Empresas Municipales de Suelo y Vivienda, entre otros.
Una de las condiciones más lesivas para el acceso igualitario a la vivienda consiste en el mínimo salarial establecido, situado en 2.5 veces el IPREM –el indicador de ingresos de referencia para la concesión de ayudas y viviendas de protección pública–, lo que implica la obligatoriedad de superar unos ingresos anuales de entre 23.500 y 24.300 euros, aproximadamente.
Evitar posibles daños patrimoniales
La admisión del recurso contencioso-administrativo preveía, asimismo, la apertura de una pieza de medidas cautelares que, de ser ratificadas, supondrían la interrupción del procedimiento de licitación de las parcelas del Plan Vive, a fin de evitar los daños patrimoniales que dicho plan podría provocar sobre las empresas concesionarias de la construcción de viviendas en caso de que el recurso contencioso administrativo fuera finalmente estimado por los tribunales.
El Gobierno de San Sebastián de los Reyes se muestra preocupado por el hecho de que el avance del Plan Vive pueda ocasionar graves daños patrimoniales para las arcas públicas, permitiendo la adjudicación de la construcción de viviendas a empresas que, una vez admitido el recurso, no puedan ejercer los derechos adquiridos, lo que podría materializarse en severas reclamaciones patrimoniales contra los responsables de esta iniciativa.
Por ello, el ejecutivo local advierte de estos riesgos y apela a la responsabilidad del gobierno autonómico, por lo que le insta a interrumpir de oficio el procedimiento de adjudicación de parcelas a empresas privadas a la espera de la resolución de dicho recurso, así como de la pieza de medidas cautelares con este dictadas.
“Nos jugamos mucho, pues, en caso de que los tribunales se pronunciaran a favor del recurso contencioso-administrativo, que hemos interpuesto en razón de los evidentes defectos del plan de vivienda, se derivarían fuertes desembolsos indemnizatorios en favor de los adjudicatarios; desembolsos que correrían a cuenta de las arcas públicas, es decir, de las aportaciones tributarias de los madrileños y las madrileñas”, ha afirmado el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero. Para continuar comentando que, “no solo es necesario que prevalezcan los derechos constitucionales de acceso a la vivienda, como este consistorio viene reclamando, sino el principio de prudencia por parte de la administración autonómica para evitar a toda costa la comisión de daños patrimoniales sufragados por todos los contribuyentes.”
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