Con el que se pretende garantizar los derechos de los propietarios ante una posible ocupación de sus inmuebles y agilizar el desalojo del mismo, complementando al existente para las fuerzas de seguridad.
Esta semana se ha vuelto a reunir el grupo de trabajo del Ayuntamiento de Alcobendas que está elaborando un protocolo municipal antiocupación, impulsado desde el área de Urbanismo. En la reunión se han valorado las novedades legislativas respecto a la ocupación ilegal (Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica).
Según ha explicado el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Arranz, “este protocolo nace de la existencia de grupos organizados que, valiéndose de una mejorable regulación-legislación, se aprovechan de las familias ocupando ilegalmente sus viviendas o realizando negocios ilícitos con ellas, incluso llegándose a la extorsión”. De hecho, este problema también afecta a las comunidades de vecinos, que sufren el deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos el caso más extremo, o las suciedades, ruidos, y percepción de inseguridad.
Este grupo de trabajo ha abordado esta semana el impacto temporal que supone el nuevo real decreto aprobado por el Gobierno de España de cara a la protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Se espera poder aprobar definitivamente este nuevo protocolo en el mes de marzo.
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