DIMITE EL PRESIDENTE DE LA EMPRESA EMVIALSA

Gabriel Martínez, concejal de Urbanismo y Vivienda y vicepresidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVIALSA), presentó su dimisión del Consejo de Administración de la citada empresa.  La causa fue la negativa a debatir y adoptar las resoluciones pertinentes sobre el decreto de alcaldía 1503 de 4 de febrero por el que se requería a EMVIALSA la trasferencia inmediata al Ayuntamiento de 25.307.420 euros provenientes de los ingresos obtenidos por la empresa municipal de las parcelas cedidas con el objeto de financiar los gastos de urbanización del polígono de Fuente Lucha. Estos fondos estaban destinados al programa de rehabilitación de los edificios con una antigüedad mayor de 20 años.
«La transferencia -afirma Martínez- es una decisión tomada de forma unilateral por el grupo de concejales socialistas y contraria a la opinión del concejal de Urbanismo y Vivienda y, además, supone una reducción radical de la capacidad de financiación de EMVIALSA».
Para Izquierda Unida, el programa de rehabilitación es una elemento central del Plan de Acción Municipal y ha sido aprobado por unanimidad por los tres grupos políticos en acuerdos del Pleno Municipal. El objetivo es la mejora de la calidad de vida y el intento de mejorar la segregación territorial que se ha ido produciendo en las últimas decenas de años entre las nuevas urbanizaciones y el casco antiguo, impidiendo así la segregación de carácter social. El programa de rehabilitación consta de dos ejes básicos: la rehabilitación de edificios de más de 20 años de antigüedad del casco urbano y la renovación urbana de los barrios Centro y Ensanche. Se ha considerado  en un Decreto que EMVIALSA tiene una deuda con el Ayuntamiento de Alcobendas de 25 millones de euros. Para Martínez, si este dinero sobra se entiende que es porque la cifra de viviendas a las que afectaría quedaría reducida de 17.300 a 2.500 siempre y cuando la Comunidad Autónoma y el Ministerio autoricen la declaración de zona de rehabilitación y, por tanto, se pueda realizar el programa. Se anula el programa de rehabilitación tal y como estaba concebido políticamente y aprobado por unanimidad en el Pleno Municipal. «Lo dejan sin financiación necesaria para desarrollar un programa de estas características y sin perspectivas garantizadas de fuentes de financiación alternativas».