El pasado viernes el bailarín Joaquín Cortés recibió la carta de ejecución de sentencia por la que se le reclama cerca de dos millones de euros y el anuncio de que saldrán a subasta pública sus bienes así como los beneficios que genere con su marca (su nombre) e imagen pública para sufragar las deudas que tiene por impagos de la Seguridad Social, IRPF, y otros apartados. El proceso ya no admite recurso pues se lleva pleiteando tres años y de ahí que la fecha de ejecución sea el 8 de febrero para que se entregue esa cantidad o se subasten sus propiedades. Este asunto se remonta a las cuentas que realizó con su empresa «Gaviota morena» (de la que era administradora su hermana Mariana Pedraja, y apoderado, su exrepresentante Alfonso Durán), con la que facturó muchísimo dinero gracias a sus espectáculos y sus contratos publicitarios.
Pero éste no es el único problema que enfrenta a Cortés con la Justicia. Hace pocos años tuvo también un proceso civil tras la demanda de paternidad que le puso una exayudante, la guineana Katie Asumu. El bailarín nunca quiso hacerse las pruebas de paternidad y la decisión del juez fue otorgarle la paternidad de ese bebé a raíz de las pruebas y testimonios presentados.
Y hay más. Unos proyectos de abrir un café espectáculo en Madrid con unos inversores argentinos acabaron en los tribunales con la querella criminal que presentaron contra él, su hermana y su apoderado, y que se recurrió tras una sentencia condenatoria que pedía para el artista un año de prisión más una multa. La juez estimó que no hubo estafa, pero sí apropiación indebida de los 700.000 euros que aportaron los socios argentinos, que «obraron con una ingenuidad fuera de lo común», según palabras de la magistrada.
Si (
No(
