El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, mantiene sus quejas contra el presidente del Santander, Emilio Botín, quien "no tiene nombre y tendrá que ser juzgado". "Lo menos que puede hacer es que se haga cargo del abono a los tenedores de pagarés", ha exigido el empresario, quien lamenta que el Santander dejase de conceder préstamos al grupo en 2009. Ruiz Mateos "no piensa morir como un estafador y un infame" y ha vuelto a prometer que pagará hasta "la última peseta" de lo obtenido a través de emisiones de pagarés que, por primera vez, el grupo ha cifrado en 250 millones de euros, aportados por unos 3.000 inversores particulares. "Advierto a todos aquellos que me están difamando que, de seguir así, diré con nombre y apellidos quiénes son y las atrocidades cometidas", ha amenazado el octagenario empresario ante la prensa, ante la cual ha denunciado la "persecución política y de instituciones públicas y privadas" de la que dice sentirse objeto.
El cobro de la expropiación
El abogado de la familia, Joaquín Yvancos, ha explicado que el 50% de los derechos de cobro que reciba por la expropiación de la antigua Rumasa en 1983 ha sido ofrecido a los titulares de pagarés, el "único activo personal" que le queda a Ruiz Mateos. La otra mitad pertenece a los cinco hermanos de Ruiz-Mateos que, o bien ellos o bien sus herederos, prevén adherirse a la citada cesión de derechos. La familia reclama 18.000 millones de euros por la retasación de los inmuebles de las empresas expropiadas, entre ellas Galerías Preciados, y espera una sentencia favorable porque "no ha habido ningún caso en Europa en el que una expropiación no se haya cobrado".