El Ministerio Fiscal da la razón al alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y pide que se archive la querella socialista. Considera que no existe ninguno de los delitos que el candidato socialista, Rafael Sánchez Acera, imputó a García de Vinuesa. La fiscal del caso ya informó en este sentido la pasada semana, un informe que ha recibido ya el visto bueno del Fiscal Jefe de Madrid.
Archivo de la causa
La juez de Instrucción que conoce este asunto había hecho saber a la Fiscalía su posicionamiento de cara al archivo de esta causa. Con el informe, ahora emitido por el Ministerio Fiscal, se pone en evidencia la falta de rigor jurídico de los querellantes, quienes actuaron por móviles claramente electorales y ajenos al interés de la justicia, haciendo coincidir su querella con el periodo electoral.
El archivo de esta querella demuestra que la acusación del PSOE era infundada y que el ayuntamiento de Alcobendas tomó la mejor decisión para la ciudad, actuando con total transparencia y con la aprobación de la entidad bancaria, la intervención del ayuntamiento y los informes técnicos.
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha manifestado que tomó “la decisión que más favorecía a los intereses de Alcobendas y sus ciudadanos. Lo cierto es que deshacer la operación de Sotohenar no costó ni un solo euro a los vecinos de Alcobendas. Nunca debería judicializarse la política, y eso es lo que ha hecho el PSOE, utilizar la justicia para hacer oposición y con la vista puesta en la proximidad de las elecciones municipales, pensando en sus propios intereses y no en los de los vecinos”.
Informe favorable
El informe de la Fiscalía avala la actuación del ayuntamiento de Alcobendas, que en la primavera de 2009 se vio obligado a deshacer una actuación iniciada en la anterior legislatura con la promotora Sotohenar, a la que habían adjudicado en venta dos parcelas situadas en El Juncal y por las que la promotora se había comprometido a realizar un pago económico de 13 millones de euros y otro en especie, consistente en la construcción de un edificio de oficinas para el ayuntamiento en otra parcela.
La operación se deshizo en el primer semestre del año 2009, ante el riesgo declarado por la empresa de entrar en suspensión de pagos, admitiendo que, en plena crisis económica, no podía afrontar el pago en especie (la construcción del edificio) por su delicada situación financiera.
Operación desmontada
Ese riesgo fue constatado con la oportuna comprobación de las posiciones que Sotohenar presentaba en los índices de riesgo del Banco de España (Ciber). En tal situación, ante el posible incumplimiento de obligaciones y de que la entidad bancaria ejecutara la hipoteca de la parcela, el gobierno municipal decidió deshacer la operación para preservar el patrimonio de la ciudad.
