La falta de recursos hace que muchos parados no reciban de los servicios públicos de empleo la atención necesaria (formación, itinerarios personalizados, orientación laboral...) para reciclarse y encontrar cuanto antes un nuevo puesto de trabajo. La reforma pretende cambiarlo y personalizar la atención al desempleado. Pero esto exige muchos recursos por parte de la Administración en época de estrecheces fiscales. De ahí que los sindicatos exijan que los servicios públicos de empleo, estatales y autonómicos, cumplan con su parte y ofrezcan a los parados los servicios que recoge la reforma. Por eso se quejan en el texto de alegaciones presentado al Ministerio y piden cambios: "No hace ninguna referencia al Servicio Público de Empleo cuando sea este el que incumpla".
En su texto, UGT y CC OO también reclaman la supresión de un apartado del anteproyecto que les planteó el Gobierno y hace referencia a "favorecer la colaboración público-privada en la intermediación laboral y el desarrollo de las políticas activas de empleo". Los sindicatos siempre se han mostrado contrarios a la participación de las agencias privadas de colocación en la intermediación laboral si antes no media una reforma profunda de los servicios públicos de empleo. No obstante, la reforma laboral ya abrió esa posibilidad y a finales de año se aprobó un decreto que regula la actividad de las citadas agencias.
Por otra parte, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, admitió ayer la posibilidad de que sindicatos y empresarios cuenten con "unos días" más de plazo para pactar la reforma de la negociación colectiva. La reforma laboral fija el 19 de marzo como fecha límite, de lo contrario exhorta al Gobierno a legislar rápido. Fuentes de la negociación afirman que "no hay malas vibraciones". Si esa perspectiva se mantiene cuando se esté acabando el límite, "por unos días no se va a impedir un acuerdo".
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