Además de a sus hermanos, denuncia a su primo, Alfonso Barón por los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, manipulación para alterar el precio de las cosas, administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Así mismo y según la información de Europa Press, la vástaga de Ruíz Mateos, considera que han iniciado actos dirigidos a la creación de la denominada Tercera Rumasa y han incumplido el acuerdo familiar por el que debería recibir activos y dinero de las empresas.
La querella, a la que tuvo acceso Europa Press, fue presentada el 3 de octubre por su marido, el italiano Antonio Biondini, en nombre propio y "en beneficio" de su esposa y de la sociedad de gananciales que forma el matrimonio. El Juzgado de Instrucción 16 de Madrid investiga ya la denuncia, según ha avanzado hoy El Mundo.
Entre los querellados también están Ángel de Cabo, Iván Losada y Fernando Lavernia, nuevos propietarios o gestores de Nueva Rumasa, así como el abogado Juan Pedro Cosano y el exdirectivo del holding de la abeja Luis María Sanz Martín. El marido de Begoña Ruiz-Mateos denuncia a los hermanos de ésta por incumplimiento de un acuerdo alcanzado en el seno de la familia por el que las hijas renunciaban a la gestión y propiedad del grupo familiar a cambio de pagos anuales en efectivo y de varias propiedades inmobiliarias. Además, según consta en la querella, considera que los hermanos han iniciado actos dirigidos a la creación de la denominada Tercera Rumasa, al haber utilizado como testaferros a amigos de la infancia de José María Ruiz-Mateos Rivero. De esta forma, el yerno de Ruiz-Mateos afirma haber recibido "noticias en las últimas fechas" de que Enrique Coca Autran, amigo personal de José María Ruiz-Mateos Rivero, explota por cuenta del mismo, el restaurante La Pimienta, de Majadahonda, y otro que está a punto de ser abierto en Madrid, una información que habrá de ser investigada por el Juzgado
Transferencia de activos inmobiliarios
Asimismo, los denunciantes aseguran tener conocimiento de que el antiguo director inmobiliario del grupo, Luis María Sanz Martín, figura como testaferro al frente de nuevas compañías a las que han transferido los "cuantiosos activos inmobiliarios" de la familia y de los que, a su juicio, "una treceava parte corresponde a Begoña Ruiz-Mateos".
Según figura en la querella, Antonio Biondini ha tenido noticias de que parte del dinero donado por la familia a instituciones religiosas ha sido reclamado por los seis hermanos para seguir operando con esos fondos en el ámbito mercantil y crear nuevos negocios. En concreto, alude a cantidades que podrían superar los cinco millones de euros.
Igualmente, el marido de Begoña Ruiz Mateos afirma tener constancia de que los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero, con la ayuda de Alfonso Baron, Luis María Sanz y el abogado Juan Pedro Cosano han ejecutado operaciones para "sustraer todas las marcas de las empresas del grupo Nueva Rumasa, que estaban a nombre de compañías extranjeras, y reintegrar a supuestos acreedores la titularidad de algunos hoteles a cambio de dinero", en perjuicio de otros deudores
La figura de Ángel de Cabo
Sobre la operación de venta de Nueva Rumasa, asevera que "existen pactos secretos" con el empresario valenciano Ángel de Cabo que tienen por objeto "el reparto de los beneficios logrados con las operaciones de liquidación y con los concursos de acreedores".
La querella recoge además que en el borrador del testamento en vida del empresario figuraba que los trece hijos habían llegado a un acuerdo entre ellos para que los varones se quedaran con las empresas que componían el holding y las siete hermanas fueran compensadas con activos y dinero.
Por último, en la denuncia pide que se decrete la prisión provisional de los doce querellados, aunque "eludible" tras depositar una fianza que compense la estafa de la que se consideran objeto y, en su defecto, que se decrete el embargo de sus bienes "en cuantía suficiente para atender dichas responsabilidades". En concreto, pide al menos una treceava parte del valor Nueva Rumasa en 2004, que estiman en "unos 260 millones de euros al neto del pasivo".
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