El Gobierno Municipal ha tomado la decisión de precintar la escuela privada ‘El Ardal’ este lunes 13 de octubre, tras recibir un contundente rechazo por parte de la Justicia. Esta acción se produce después de que se emitieran hasta cuatro resoluciones en dos juzgados diferentes, las cuales desestimaron las medidas cautelares solicitadas tanto por el centro educativo como por una asociación vinculada a él.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha iniciado también el proceso para revocar la autorización educativa del colegio, debido a su falta de licencias urbanísticas requeridas por la normativa autonómica.
Detalles del cierre
El cierre se llevó a cabo en la mañana del lunes, siguiendo dos resoluciones judiciales: el Auto 221/2025 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº15 y el Auto 239/2025 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº33. Ambos autos subrayan que “la actividad educativa que se desarrolla en la parcela citada debe ajustarse a la normativa municipal, y no la cumple, porque carece de todas y cada una de las licencias urbanísticas necesarias para su funcionamiento”.
Además, los autos destacan que no se puede apreciar "la apariencia de buen derecho" que se pretendía alegar, ya que es evidente que “la resolución ahora recurrida” era obligatoria. La justicia también determinó que no había acreditación de perjuicio alguno para los alumnos, quienes serán reubicados en otras instituciones educativas.
Contexto legal y antecedentes
Esta situación se origina después de que el Ayuntamiento advirtiera al centro sobre su obligación de cesar actividades antes del final del curso anterior. Sin embargo, ‘El Ardal’ comenzó el nuevo año escolar 2025/2026 sin cumplir con esta orden. El terreno donde está ubicada la escuela está calificado como no urbanizable de especial protección, lo cual imposibilita cualquier intento de legalización.
A lo largo de los años, el centro ha enfrentado múltiples decisiones judiciales desfavorables respecto a su situación urbanística. Desde 2002, el Ayuntamiento ha ordenado el cese de sus actividades, una decisión respaldada por sentencias firmes entre 2003 y 2005.
Reacciones y condenas
En respuesta a los incidentes ocurridos durante el precinto, donde autoridades municipales fueron objeto de insultos por parte de algunos presentes, el Ayuntamiento ha condenado enérgicamente tales comportamientos. Se registraron expresiones agresivas dirigidas hacia funcionarios municipales durante las operaciones realizadas conforme a las resoluciones judiciales. Este caso resalta la importancia del cumplimiento normativo en el ámbito educativo y urbanístico, así como las consecuencias legales que pueden derivarse del incumplimiento.
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