La cifra, presentada este lunes por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, representa cerca del 40% del presupuesto autonómico previsto para este año y supone un incremento de casi 2.000 millones respecto al cálculo realizado en octubre de 2025. La consejera Rocío Albert atribuyó este aumento a retrasos en las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, fondos europeos aún no transferidos, inversiones comprometidas y partidas vinculadas a la dependencia y otros servicios públicos.
Desde el Ejecutivo madrileño consideran que la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado está perjudicando a las comunidades autónomas y denuncian una “falta de lealtad institucional” por parte del Gobierno central. Entre las principales cantidades reclamadas figuran más de 4.500 millones correspondientes al Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023, así como cerca de 1.000 millones asociados a programas europeos y otros 765 millones por retrasos en las entregas a cuenta previstas para 2026.
El Gobierno regional insiste en que esta situación condiciona la capacidad de inversión y planificación de servicios públicos esenciales. Pese a ello, Madrid destaca que continúa siendo una de las comunidades con menor ratio de deuda sobre el PIB dentro del régimen común, situándose en el 11,3%, muy por debajo de la media autonómica.
La controversia reabre el debate sobre el modelo de financiación autonómica y la distribución de recursos entre administraciones, una cuestión que mantiene enfrentados desde hace años al Gobierno central y varias comunidades autónomas.