El cierre masivo que se preveía entre las farmacias castellano-manchegas puede quedarse en aguas de borrajas si estos profesionales tienen en cuenta el aviso que ayer por la tarde realizó el Gobierno regional sobre la ilegalidad que conlleva esta medida. Según manifestaba en un comunicado el director general de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Javier Hernández Pascual, el cierre de este jueves no está autorizado, ya que "incumple la reglamentación y puede ser considerada una falta grave", que puede oscilar entre los 3.000 a 15.000 euros.
Hasta la tarde de ayer, las previsiones sobre el seguimiento del paro convocado la semana pasada por la mayoría de los colegios de Castilla-La Mancha eran que iba a ser secundado por más del 80% de las farmacias. Era una de las medidas que este colectivo había decidido utilizar para dar un tirón de orejas a la Administración que no ha abonado el pago de los medicamentos expedidos en la región desde el mes de mayo. Ese impago ascenderá el 20 de agosto a 125 millones de euros, si la Consejería no lo remedia, y puede ser el desencadenante de desabastecimiento de fármacos en la comunidad y del inicio de una cadena de cierres definitivos para los propietarios más perjudicados por la deuda: los boticarios de pueblo y los que acaban de adquirir una oficina recientemente.
Sin embargo, y después de haber pasado gran parte de la mañana reunidos con representantes del Gobierno regional, los colegios eran avisados del comunicado que se iba a hacer público en algún momento del día, algo que ocurrió pasadas las siete de la tarde. A partir de esa hora, los presidentes de los colegios se volvían a reunir en asamblea para decidir la medida que iban a tomar, medida que finalmente se ha mantenido en el anuncio de una huelga masiva en toda la comunidad, salvo en Albacete, que tras tres horas de asamblea han decidido no echar el cierre tal y como lo avisaron el pasado 29 de julio. Más información, en www.elmundo.es