Una democracia se tambalea cuando quienes gobiernan no aceptan con normalidad el control de los tribunales. Se debilita cuando el poder interpreta cualquier investigación judicial como un ataque político. Este es, a mi juicio, una de los mayores problemas de la España actual.
“Cada vez que una resolución judicial afecta a personas del entorno de Pedro Sánchez o de su Gobierno, la respuesta suele consistir en expresar dudas sobre la independencia de la Justicia. Con demasiada frecuencia se cuestiona la actuación de los jueces, se insinúan motivaciones políticas y se presenta cualquier decisión incómoda como parte de una ofensiva de la derecha. Es una estrategia que traslada a la opinión pública un mensaje inquietante: que determinados cargos públicos no deberían responder ante los tribunales con la misma normalidad que cualquier ciudadano.
Pedro Sánchez ha transmitido durante años la impresión de entender el poder como un fin en sí mismo más que como un instrumento para mejorar la vida de los españoles. Desde esa lógica, la crítica deja de ser legítima para convertirse en una agresión. Quien discrepa es descalificado; quien investiga, sospechoso; quien juzga, etiquetado ideológicamente.
Lo más preocupante es que esa forma de entender el poder parece haberse extendido entre quienes ocupan responsabilidades gracias a la confianza del presidente. Da la sensación de que consideran inadmisible que personas próximas al Gobierno puedan ser investigadas por los tribunales ordinarios, como si la cercanía al poder otorgara una protección especial frente al control judicial.
No se trata de prejuzgar a nadie. La presunción de inocencia es un derecho irrenunciable. Pero precisamente porque creemos en el Estado de derecho debemos defender también que nadie quede al margen de la acción de la Justicia cuando existan motivos legales para actuar. Respetar a los jueces no significa compartir todas sus resoluciones; significa reconocer su legitimidad para dictarlas.
Existe además otro síntoma preocupante: en España ya casi nadie dimite. La responsabilidad política ha desaparecido, sustituida por una resistencia numantina al coste que sea. Se protege el cargo antes que la institución.
Pero aún hay algo más grave: presuntamente el poder se ha dotado de una estrategia perfectamente armada para combatir desde las cloacas la labor de quienes investigan por orden judicial los comportamientos delictivos de algunos dirigentes políticos. Pura mafia.
Como ciudadano, no temo a los jueces independientes; temo a los gobernantes que consideran intolerable ser controlados por ellos. Porque cuando un poder político deja de aceptar límites, el problema ya no afecta solo a un presidente o a un gobierno. Empieza a afectar a la calidad misma de nuestra democracia.
La democracia no empieza a desaparecer cuando hablan los jueces, sino cuando el poder pretende que los jueces callen.”