Las pantallas fueron instaladas dentro de un proyecto estatal destinado a reducir el impacto del ruido del tráfico sobre áreas residenciales próximas a la autovía, entre ellas La Moraleja, Soto de La Moraleja y El Encinar de los Reyes. La actuación, sin embargo, generó desde su planificación dudas en el Gobierno municipal y entre vecinos de estas urbanizaciones por el efecto visual que podía provocar una infraestructura de grandes dimensiones.
Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento mantuvo conversaciones con la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid y con la empresa adjudicataria para introducir modificaciones en el proyecto. Según el Consistorio, esas negociaciones permitieron retrasar varios tramos de las pantallas entre 18 y 20 metros respecto al diseño inicial y modificar parte de su trazado con el objetivo de reducir su impacto paisajístico y mejorar la integración en el entorno.
El Gobierno local también asegura que logró desplazar hacia la vía de servicio el primer tramo de las pantallas para ampliar el espacio destinado al corredor peatonal, evitar el denominado efecto túnel y favorecer la visibilidad y la seguridad en la zona.
La aparición de grafitis poco después de la instalación de la infraestructura ha reabierto el debate sobre el mantenimiento de estas pantallas. El Ayuntamiento considera que la facilidad con la que han sido objeto de pintadas confirma algunas de las reservas planteadas durante la tramitación del proyecto acerca del impacto que podrían tener este tipo de superficies en un entorno urbano de alta visibilidad.
Como respuesta, la Policía Local ha intensificado la vigilancia en los alrededores de la A-1 mediante patrullas específicas y el uso de drones. El Consistorio afirma que este dispositivo ha permitido identificar y detener a varios presuntos autores de pintadas cuando las estaban realizando, además de intervenir el material empleado para estos actos.
La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha reiterado que el municipio mantiene una política de tolerancia cero frente al vandalismo y ha recordado que la ordenanza municipal contempla sanciones de hasta 3.000 euros para quienes realicen pintadas ilegales.
Al mismo tiempo, la regidora insiste en que la eliminación de los grafitis y el mantenimiento de las pantallas corresponde al Ministerio de Transportes, por tratarse de una infraestructura de titularidad estatal. Por ese motivo, el Ejecutivo local reclama una actuación inmediata para recuperar el estado original de la instalación.
El debate llegará al Pleno municipal del próximo 15 de julio, donde los grupos Popular y Vox presentarán sendas mociones para instar al Ministerio a intervenir. Entre las propuestas figura la convocatoria de una reunión entre representantes del Ministerio, el Ayuntamiento y las entidades de conservación de La Moraleja, Soto de La Moraleja y El Encinar de los Reyes con el fin de analizar la situación y estudiar posibles medidas.
Las iniciativas también solicitan la limpieza de todas las pintadas existentes, el refuerzo de los tratamientos protectores frente a nuevos grafitis, la puesta en marcha de un programa periódico de mantenimiento y el estudio de actuaciones de integración paisajística, como la incorporación de vegetación u otras soluciones destinadas a reducir el impacto visual de las pantallas.
El Ayuntamiento sostiene que la conservación de este acceso constituye una cuestión de imagen urbana y reclama una respuesta rápida por parte del Ministerio para evitar que el deterioro de la infraestructura continúe aumentando mientras persisten los actos vandálicos.