Julián Marías, uno de los filósofos españoles más lúcidos del siglo XX, dejó escrita una sentencia que José María Aznar rescata en su último libro y que, leída hoy, resulta profética: en España todos se preguntan qué va a pasar; casi nadie se pregunta qué vamos a hacer. Una reflexión de una profundidad política extraordinaria. La primera pregunta es la del espectador. La segunda, la del ciudadano. Y España necesita hoy, urgentemente, ciudadanos. No espectadores.
“Lo que estamos viviendo en esta legislatura no admite eufemismos. Gobierno sin Presupuestos Generales desde hace años, convirtiendo el erario público en un instrumento de supervivencia política antes que en una herramienta de planificación del Estado. Los órganos judiciales se eligen según el color de la toga, no según el mérito, en una perversión pasmosa del principio de separación de poderes. Se favorece sistemáticamente a los partidos que aspiran a disolver España como proyecto nacional, comprando su apoyo con privilegios que ninguna democracia sólida toleraría. Y la financiación autonómica se convierte en moneda de cambio político, generando agravios que envenenan la convivencia entre territorios. Y todo ello sazonado por la mayor marea de corrupción política que haya permitido, cuando no promovido, un gobierno.
"Todo esto no ocurre en un vacío legal. Ocurre dentro de un sistema en el que algunos de sus engranajes, lo permite. Y eso obliga a plantearse una pregunta necesaria: ¿están nuestras leyes fundamentales suficientemente blindadas frente a la deriva autocrática?
La respuesta honesta es que no del todo. Y por eso la tarea del gobierno que surja de lás próximas elecciones, debe ir mucho más lejos: debe construir un proyecto de reforma institucional que evite el que un presidente de gobierno de perfil autócrata dedique todos los recursos posibles para erosionar el Estado de derecho y debilitar nuestra estructura democrática.
Ese proyecto debería contemplar, al menos, los siguientes ejes. Una reforma de la Ley Electoral que garantice mayor proporcionalidad y reduzca el poder de veto de las minorías independentistas. Un sistema de elección de jueces y fiscales en manos de los propios juristas, sustrayendo ese proceso a la negociación política. Un modelo de financiación autonómica objetivo, estable y justo, basado en criterios técnicos y no en la aritmética parlamentaria de turno. Un plan nacional de vivienda realista, alejado del populismo de decreto.
Y un sistema de gestión de la economía pública que proteja realmente a tantas familias que apenas llegán a fin de mes mientras escuchan a Sánchez que el PIB va como una moto.”