Según diversas informaciones, el empresario Leonardo Sánchez Heredero, propietario de una parte significativa del suelo a través de Grupo Delta, se ha negado a respaldar el proyecto de reparcelación actualmente planteado. Esta fase resulta imprescindible para distribuir las parcelas resultantes y concretar los derechos urbanísticos de cada propietario.
La oposición del promotor supone un obstáculo relevante para el avance del proyecto, ya que los acuerdos establecidos para el sector exigen el respaldo de la totalidad de los propietarios afectados. Mientras no exista un acuerdo, el inicio de las obras podría quedar aplazado.
El conflicto se centra en las condiciones económicas del desarrollo. Sánchez Heredero considera que algunos de los acuerdos alcanzados en años anteriores perjudican a determinados propietarios y reclama una revisión del reparto de aprovechamientos urbanísticos.
El desacuerdo en la reparcelación pone en riesgo la construcción de 8.600 viviendas en Alcobendas.
Entre los aspectos cuestionados figura el incremento del porcentaje de vivienda protegida previsto en el ámbito, una medida que, según sostiene el empresario, altera el equilibrio económico inicialmente contemplado para los terrenos.Por su parte, los defensores del actual planteamiento consideran que el proyecto ya cuenta con una ordenación consolidada y que cualquier modificación supondría nuevos retrasos para una actuación considerada estratégica en materia de vivienda.
La situación adquiere además una dimensión política y mediática debido a que el nombre de Sánchez Heredero aparece mencionado en documentación relacionada con la investigación conocida como caso Leire. No obstante, la investigación continúa abierta y no existe ninguna resolución judicial firme que determine responsabilidades.
Valgrande contempla la construcción de aproximadamente 8.600 viviendas en Alcobendas y está llamado a convertirse en uno de los principales desarrollos residenciales de la Comunidad de Madrid durante los próximos años. En un contexto marcado por la escasez de vivienda y el aumento de los precios inmobiliarios, cualquier retraso en su ejecución podría tener consecuencias sobre la oferta residencial prevista para la zona norte de la región.
