Hay una estrategia tramposa utilizada con demasiada frecuencia por el entorno político de Pedro Sánchez: la de convertir sus casos de corrupción en discusiones sobre la imparcialidad de los jueces. Es una distorsión interesada. Lo verdaderamente relevante no es especular sobre el perfil ideológico del magistrado que instruye la causa. Lo relevante es lo que ya sabemos, antes de cualquier sentencia, sobre las conductas de quienes rodean al presidente del Gobierno.
“Y lo que sabemos es suficiente para la condena moral de la mayoría de los ciudadanos.
Para la izquierda todos los jueces que decidan investigar sus tropelías lo hacen porque pertenecen a la fachosfera.
La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Su hermano, David Sánchez, ocupó un cargo público en la Diputación de Badajoz cuya justificación resulta cuando menos opaca: una plaza creada aparentemente a medida, con sueldo público y funciones que nadie ha sabido explicar con claridad. En ambos casos, la pregunta es la misma: ¿habrían conseguido lo que consiguieron sin el nombre que llevan? La respuesta difícilmente admite matices.
No se trata de presumir culpabilidad jurídica, que corresponde determinar a los tribunales. Se trata de algo más elemental: el comportamiento ético que debería exigirse a quienes ejercen el poder o se benefician de él. Ninguna persona sin ese amparo presidencial habría logrado lo mismo en las mismas circunstancias. Eso, por sí solo, constituye una degradación moral del ejercicio del poder que no requiere esperar a ninguna sentencia para ser denunciada.
Pero hay más. Alrededor de Sánchez han proliferado otros episodios de presunta corrupción que merecen igual escrutinio. El caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por revelar datos reservados de carácter fiscal. Las sospechas sobre la financiación irregular del PSOE. La gestión de fondos europeos en manos de empresas con conexiones políticas. Lo que ya conocemos del entorno de los secretarios generales del PSOE, de la máxima e íntima confianza del presidente. En todos estos casos la reacción del presidente y de su partido ha seguido un patrón constante: descalificar a los denunciantes, cuestionar la legitimidad de los jueces e invocar la conspiración de las derechas.
Cabe preguntarse qué habría ocurrido si los protagonistas de estos episodios hubieran pertenecido al Partido Popular. La respuesta la conocemos bien: la izquierda habría exigido dimisiones inmediatas, semanas de portadas indignadas en los medios habituales y una presión social sostenida. El doble rasero no es una acusación partidista; es una constatación empírica de cómo funciona el debate público.
La corrupción es grave por lo que es, no por quien la comete. Y exigir coherencia en su condena es el mínimo que cabe esperar de una democracia sana.”