El problema afecta a un número creciente de personas, estimado en más de 100 clientes, con importes que van desde los 14.000 hasta más de 25.000 euros por vehículo. Incluso, algunos compradores continúan pagando préstamos por coches que aún no han recibido, mientras que otros han entregado sus vehículos antiguos como parte de la operación y se han quedado sin ningún automóvil.
Lo cierto es que los testimonios recogen pagos realizados desde septiembre de 2024 y una ausencia de comunicación efectiva por parte del concesionario. Tan solo, algunos clientes afirman haber recibido promesas de devolución de dinero que nunca se cumplieron. El total de dinero involucrado podría superar los dos millones de euros, según estimaciones de los propios afectados, que han organizado un grupo de coordinación en redes sociales para compartir información, experiencias y organizar acciones legales.
Además, muchos de ellos han presentado reclamaciones ante la Dirección General de Consumo y han iniciado procesos judiciales contra la empresa. Incluso, algunos afectados han alertado que, de no resolverse pronto, podrían iniciarse acciones legales colectivas, mientras que otros advierten sobre el riesgo de que la empresa entre en insolvencia total, complicando aún más la recuperación de sus pagos.
Llegados a este punto, la historia de Cobendai se suma a la de otros casos recientes de irregularidades en concesionarios, por lo que alerta sobre la necesidad de una mayor regulación y control sobre la venta de vehículos en España, especialmente cuando se involucran pagos adelantados y contratos con cláusulas poco claras.
Según fuentes cercanas al concesionario, los retrasos podrían estar vinculados a problemas financieros internos de la empresa, incluyendo dificultades para pagar a los fabricantes (entre ellos Hyundai) y gestionar líneas de crédito. Unas irregularidades que han despertado la atención de las autoridades de consumo y de la Guardia Civil, que han iniciado investigaciones para determinar si existe algún tipo de fraude o mala gestión administrativa.
Sin embargo, en la actualidad los compradores ya no aceptan excusas, porque aseguran que nada justifica la incertidumbre que están viviendo, la falta de información y el dinero pagado por coches que nunca han sido entregados. Una situación que además ha generado un clima de desconfianza y alarma, con clientes que temen haber sido víctimas de un posible fraude.
La Guardia Civil y la Dirección General de Consumo han abierto investigaciones sobre Cobendai ante la avalancha de denuncias de clientes. Los expertos analizan cada contrato y cada pago para determinar si hay irregularidades graves o posibles delitos de fraude. Mientras que, paralelamente, Hyundai ha iniciado auditorías internas y se mantiene contacto con los compradores, aunque la firma coreana recalca que la responsabilidad directa recae sobre el concesionario, dejando en el aire la solución inmediata para los afectados. Una situación que esta genenrado preocupación entre otros concesionarios de la zona, quienes temen que la desconfianza del público pueda afectar al sector automovilístico local.
Por nuestra parte, este medio ha intentado recabar la versión del Grupo Cobendai, aunque sin éxito, obteniendo la callada por respuesta. Lo que si hemos podido saber por otros medios, es que representantes de Cobendai aseguran que están trabajando para normalizar la situación, pero no ofrecen plazos concretos para la entrega de los vehículos ni soluciones definitivas para los clientes afectados. Siendo la falta de transparencia uno de los aspectos más criticados por los compradores.
La OCU y expertos legales recuerdan que, ante casos de este tipo, los clientes tienen derecho a reclamar la devolución del dinero, la resolución del contrato o incluso acciones penales en caso de detectarse fraude. La coordinación de afectados y la mediación de las autoridades serán clave para que se resuelvan los conflictos.
Por ello, abogados especialistas en consumo advierten que los clientes afectados por Cobendai tienen derecho a exigir la devolución inmediata de su dinero y a rescindir los contratos de compra de vehículos nunca entregados. Además, si se confirma que hubo fraude o mala fe por parte del concesionario, los afectados pueden presentar denuncias penales contra la empresa y sus responsables, lo que podría derivar en investigaciones judiciales y sanciones severas.
Por ello, expertos recomiendan a los compradores guardar toda la documentación y pruebas de pago, ya que serán fundamentales para respaldar cualquier reclamación o acción legal. Lo ciento es que la presión social y legal se intensifica mientras crece la indignación entre los clientes que esperan una solución.