“Esta ley obliga a todos los municipios de más de 5.000 habitantes a implantar una tasa que cubra íntegramente el coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Es decir, los ayuntamientos deben cobrarla sí o sí, bajo amenaza de sanción.
Desde Alcobendas siempre hemos defendido la autonomía local y la libertad de gestión, pilares fundamentales de nuestro modelo de ciudad. Sin embargo, el gobierno de Sánchez ha decidido imponer una tasa única a todos los municipios, sin valorar la situación económica de cada uno ni reconocer la buena gestión de quienes, como nosotros, hemos demostrado responsabilidad y solvencia.
Porque en Alcobendas las cosas se han hecho bien. Bajo el liderazgo de la alcaldesa Rocío García Alcántara, redujimos la deuda municipal a cero en solo 18 meses, amortizando más de 21 millones de euros y ahorrando tres millones en intereses. Gracias a esta gestión ejemplar, el Instituto de Estudios Económicos nos reconoce como la gran ciudad con menor presión fiscal de la Comunidad de Madrid.
Por eso, cuando el gobierno central anunció esta medida, fuimos de los primeros en oponernos. En marzo de 2024, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción contraria a la tasa, y posteriormente la alcaldesa remitió una carta formal al presidente Sánchez solicitando que reconsiderara su aplicación en municipios con cuentas saneadas. La respuesta no fue positiva.
Durante 2024, mantuvimos nuestro compromiso de no cobrar la tasa mientras no fuera legalmente obligatoria, lo que supuso un ahorro de más de 9 millones de euros para las familias de Alcobendas. Pero agotados los plazos, y ante el riesgo de sanción, la ley nos obliga ahora a notificar el cobro.
Conviene dejarlo claro: esta tasa no es municipal, es estatal. Se paga incluso si el servicio no se utiliza o la vivienda está vacía. Es una medida injusta y desproporcionada que penaliza a los contribuyentes simplemente por disponer del servicio.
A pesar de ello, el gobierno de Rocío García ha actuado con responsabilidad, adoptando medidas fiscales para mitigar el impacto económico: congelación del IBI, reducción de la plusvalía, ampliación de bonificaciones a familias numerosas, rebaja de la tarjeta de residente y congelación de tasas y precios públicos. Estas políticas han supuesto un ahorro global de 25 millones de euros para los vecinos durante esta legislatura. Además, garantizamos que esta tasa se reinvertirá en mejorar la limpieza, la recogida de residuos y el mantenimiento de parques y jardines. Se reforzará el servicio de limpieza, se ampliará la recogida neumática y se adquirirán nuevos contenedores y equipos de limpieza.
Esta tasa no la hemos elegido, pero la cumplimos porque la ley nos obliga. Alcobendas cumple, pero no comparte esta imposición. Si el Gobierno central rectifica, seremos los primeros en eliminarla.
Defendemos una ciudad eficiente, libre y responsable. Alcobendas seguirá siendo ejemplo de buena gestión, de equilibrio económico y de respeto al contribuyente, pese a las imposiciones de Pedro Sánchez.”