En concreto, deja sin efecto las sanciones administrativas de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como '”la ley mordaza”, aprobada en 2015 por el PP y en vigor pese a que el Gobierno quiere reformarla desde 2018, respecto a la tenencia ilícita o al consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de los vehículos particulares utilizados "exclusivamente como medios de transporte estacionados". Y es que Interior cita los artículos de la citada ley que sancionan el consumo de drogas, recordando que esto supone "un daño para el bien jurídico protegido en el que se conforma la seguridad de las personas".
"Dicho precepto deja al prudente criterio de los agentes actuantes apreciar si el hecho de consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el interior de un vehículo particular utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado es o no constitutivo de una infracción grave en virtud del apartado 16, puesto que el texto sólo menciona los transportes colectivos", advierte la Secretaría de Estado de Seguridad.
Dicho esto, la instrucción advierte de que el Tribunal Supremo considera que los vehículos, aunque no son considerados domicilios, son objetos "que por su propia naturaleza guardan estrecha relación con el concepto de intimidad y privacidad de sus titulares, en cuanto son propicios y apropiados para albergar en su interior objetos y elementos reveladores del área más íntima de la persona".
Por este motivo, la Secretaría de Estado de Seguridad afirma que el consumo o tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en un vehículo particular "utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado, no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas descritas por la citada ley".
No obstante, Interior añade que cuando el vehículo se considera en tránsito sí que se podría tratar de una conducta subsumible en el Código Penal, concretamente un delito contra la salud pública o de un delito contra la seguridad vial.
Sindicatos arremeten contra la instrucción que "debilita la acción policial" y advierten de más siniestralidad en carretera Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han arremetido este miércoles contra la instrucción dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior al entender que "normaliza el consumo de drogas" en vehículos particulares estacionados, lo que "debilita la acción policial" y puede conllevar más siniestralidad en carreteras.
Las organizaciones policiales han reaccionado con duras críticas. Aludiendo que "puede tener consecuencias graves y contraproducentes para la seguridad ciudadana, la salud pública y la autoridad de los cuerpos policiales, y transmitiendo una preocupante sensación de permisividad que, lejos de resolver un problema, puede amplificarlo".
Para Jupol, la "permisividad" también acarreará un aumento de los accidentes de tráfico, "con consecuencias letales para conductores, peatones y otros usuarios de la vía", así como un impacto negativo en la percepción de seguridad al "crear entornos urbanos degradados que favorecen la criminalidad y disuaden la convivencia pacífica".
Por su parte, el SUP ha avisado de la "enorme irresponsabilidad" del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y ha puesto el acento en que "puede derivar en tragedias en carretera" al abrir la posibilidad a "consumir sustancias estupefacientes dentro de un vehículo estacionado y, acto seguido, reanudar la marcha bajo sus efectos". Este sindicato ha aludido a lo que transmiten decenas de compañeros desde todo el país: "Después de fumarte dos porros y meterte cuatro rayas, te puedes marchar a casa tranquilamente. Y si por el camino matas a alguien, que les pidan explicaciones a Interior". Y "deja en papel mojado todos los esfuerzos de concienciación y prevención impulsados por la DGT y por los propios agentes de tráfico y seguridad ciudadana", añaden desde el SUP en un comunicado.
"Abren la puerta a que las calles de nuestro país puedan ser lugares en los que cualquier conductor se drogue, a plena luz del día y en presencia de ciudadanos e incluso menores de edad, sin que ello provoque consecuencia alguna", apuntan, criticando la "hiperactividad para la interpretación restrictiva de lo que los socios parlamentarios del actual Gobierno conocen como 'ley mordaza'".
Desde la Guardia Civil, AUGC también ha mostrado su rechazo frontal a la instrucción de Interior que entienden, en base a sentencias judiciales, que el coche goza de una protección reforzada por pertenecer a la esfera de privacidad de los ciudadanos. "Crea un vacío legal que impide actuar a los guardias civiles, favoreciendo la impunidad y debilitando la seguridad ciudadana", se queja AUGC, que rechaza la interpretación restrictiva del artículo 36.16 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Añadiendo que "una vez más, se legisla desde el despacho ignorando la realidad diaria de los agentes y el sentido común”. También lamentan, añadiendo que la instrucción convierte a los vehículos particulares estacionados en "espacios de impunidad donde los infractores pueden consumir o portar drogas sin que los guardias civiles puedan actuar, siempre que no se trate de transporte colectivo ni exista tránsito".
El consumo de drogas es un problema de salud pública de primera magnitud en España, estrechamente vinculado con el incremento del narcotráfico. A más consumo, más narcotráfico. Una cadena perversa que no puede ser ignorada ni minimizada desde el ámbito institucional. Desgraciadamente tenemos lo que votamos.