Nº3
16 de abril de 2021, 18:33:57
EDUCACIÓN

Pone a la administración por delante de las familias


La Ley Celaá tiene alergia a la libertad por su aporte político

Recientemente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, a falta del trámite del Senado, una nueva ley de educación: la LOMLOE.


Una vez más, como viene siendo habitual cuando el PSOE gobierna, se rompe con lo anterior, se hace tabula rasa y se impone una particular visión política e ideologizada de la educación. Así ocurrió en el pasado reciente con la LOGSE y la LOE.


Se entiende la educación como un instrumento al servicio del estado para uniformizar a los ciudadanos, eliminando la diversidad, interpretando la igualdad de oportunidades como un igualitarismo empobrecedor y totalitario. Se confunde el derecho a la educación con un inventado “derecho a la educación pública”. El esfuerzo y el mérito individual se asimilan a algo que rompe la equidad del sistema. Todos a estudiar lo mismo y de la misma manera.

Veamos algunas perlas de la nueva Ley.

- La nueva ley nace sin consenso de ningún tipo, así lo señala en su último informe ESADE. No ha habido informe del Consejo Escolar del Estado ni del Consejo de Estado. En todas las anteriores leyes los hubo. No ha habido comparecencias de expertos del mundo educativo en el Congreso de los Diputados. Las más de mil enmiendas que se han presentado, se han votado y discutido en un único día.

- La LOMLOE supone un ataque frontal a la Constitución y en concreto al artículo 27 donde se indica que los padres tienen libertad para elegir la “formación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. El espíritu de la ley es acabar con la enseñanza concertada y sustituirla por la pública. Además, se establece que el criterio para la elección de centro sea el de la proximidad al domicilio. En la actualidad, con la LOMCE, los padres tienen la libertad de llevar a sus hijos al centro educativo que consideran mejor y que responda a un ideario pedagógico concreto.

- Se establece un plazo de 10 años para que los centros de educación especial, donde los alumnos con diversidad funcional son atendidos por especialistas cualificados, sean atendidos desde los centros ordinarios. La razón demagógica que se esgrime para acabar con los centros especiales es que no son inclusivos.

- Los criterios de promoción y titulación, como ya ocurría con la LOGSE, se flexibilizan y los alumnos pueden pasar de curso con asignaturas pendientes y obtener el título de bachillerato “por compensación”, es decir, con una asignatura suspensa.

- La alta inspección, cuya misión es velar por que se cumpla la legislación educativa en todo el territorio nacional evitando que se produzcan agravios comparativos entre comunidades autónomas, se modifica eliminando el acceso por concurso-oposición. Se abre el escenario de posibles nombramientos con carácter político por parte de la administración autonómica, convirtiendo a los inspectores en “comisarios políticos”.

- Otra perla más, que supone el peaje que Pedro Sánchez debe pagar a Esquerra es que el español deja de ser lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado. Algo inaudito. El español podría estar ausente en el País Vasco y Cataluña.

- En la actualidad nuestro sistema educativo se apoya en tres pilares que vienen a reflejar las diferentes opciones que los padres toman a la hora de elegir sus preferencias educativas: la enseñanza pública, concertada y privada. Las tres deben ser preocupación de cualquier gobierno, pero al actual parece sobrarle uno: la enseñanza concertada. Precisamente, este modelo está muy presente en Europa, por ejemplo, en Finlandia, casi la mitad de los centros educativos son de titularidad privada con subvenciones públicas. Y el sistema funciona, tiene calidad y obtiene unos altos resultados en las evaluaciones internacionales.

- La llamada ley Celaá tiene alergia a la libertad y pone a la administración por delante de las familias porque de lo que se trata, en definitiva, es de un cambio en el modelo de estado, para ello, nada mejor que empezar por la educación para acabar siendo una sociedad de individuos acríticos, subvencionados y uniformes.


Por Fernando Martínez Rodríguez
(Concejal del Ayto. de Alcobendas por el PP)

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